Legisladores de ambos partidos se oponen a la propuesta de revisión política de las subvenciones de los NIH

Los informes sobre un intento de la Casa Blanca de colocar a funcionarios políticos al frente de las decisiones sobre subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud han provocado la oposición de altos legisladores de ambos partidos, según una información de livepress.us.

El sistema propuesto podría crearse mediante una orden ejecutiva o a través de requisitos de aprobación que involucren a la Oficina de Administración y Presupuesto. Cualquiera de los dos enfoques añadiría una etapa de evaluación política antes de que se desembolsen los fondos federales para investigación biomédica. Investigadores, universidades y legisladores encargados de las asignaciones presupuestarias advierten de que un cambio así podría debilitar la independencia de la principal agencia pública de investigación biomédica del país.

Los planes se dieron a conocer después de que una información anterior de The Washington Post describiera un intento del poder ejecutivo de examinar subvenciones individuales para comprobar su compatibilidad con las prioridades del presidente Donald Trump. Los estudios considerados incompatibles con esas prioridades podrían enfrentarse a una revisión adicional o ser privados de financiación.

Eso alteraría un proceso que tradicionalmente se ha basado en la evaluación científica, no en las preferencias presidenciales o administrativas. Las solicitudes de subvención son evaluadas por paneles de expertos externos, que consideran factores como la calidad de la ciencia, la originalidad de la propuesta, la solidez de sus métodos y su posible efecto sobre la salud pública.

Los legisladores cuestionan la supervisión del poder ejecutivo

La senadora Susan Collins, republicana de Maine que preside el Comité de Asignaciones del Senado, y la senadora Patty Murray, demócrata de Washington que ocupa el cargo de miembro de mayor rango del comité, se han opuesto a los planes divulgados. Sus preocupaciones se centran en si el poder ejecutivo puede redirigir o someter a revisión subvenciones que ya han superado la evaluación de mérito establecida.

Collins ha sostenido que el Congreso pretendía que las subvenciones federales se distribuyeran según prioridades médicas y científicas, no según los objetivos políticos de la administración que esté en el poder. Los opositores en el Congreso afirman que la revisión política podría entrar en conflicto con la Cláusula de Asignaciones de la Constitución y con la Ley de Control de Retenciones Presupuestarias.

Murray dijo que la administración estaba intentando convertir la investigación médica en una herramienta de represalia política. Sostuvo que el criterio pertinente debería ser si la investigación es sólida y puede beneficiar a los pacientes, no si sirve personalmente al presidente.

La disputa sigue a otros intentos de la administración de aumentar el control sobre la investigación financiada por el Gobierno federal. Durante el año anterior, funcionarios del poder ejecutivo actuaron para detener o cancelar más de 1.800 subvenciones en agencias científicas federales. Entre los proyectos afectados se encontraban algunos relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión, las disparidades sanitarias y ciertos campos de las ciencias sociales. Funcionarios de la administración dijeron que parte de la financiación se restableció posteriormente después de que las agencias aportaran justificaciones adicionales, mientras que las universidades afirmaron que las interrupciones aun así provocaron pérdidas duraderas de personal y de impulso investigador.

La disputa anterior sobre las normas de las subvenciones

La administración también propuso importantes reducciones del presupuesto de los NIH y buscó establecer un sistema descrito como financiación anticipada. Según ese acuerdo, las asignaciones plurianuales se habrían financiado íntegramente con la asignación presupuestaria de un solo año. Las universidades afirmaron que el enfoque limitaría de hecho el reembolso de los costes administrativos y generales. El Congreso rechazó la propuesta durante las negociaciones presupuestarias.

Otro punto de conflicto surgió en el verano de 2026, cuando la Oficina de Administración y Presupuesto publicó una actualización propuesta de las normas de la Guía Uniforme. El borrador habría permitido a funcionarios políticos revisar subvenciones discrecionales en todo el Gobierno federal y habría ampliado la autoridad para poner fin a las asignaciones «por conveniencia», sin que existiera una determinación de conducta científica indebida o incumplimiento.

Collins encabezó una carta bipartidista del Congreso en la que se pedía retirar la propuesta. Posteriormente, los legisladores incluyeron una disposición en una medida presupuestaria temporal que bloqueaba la aplicación de la norma. La resolución de continuidad financia al Gobierno federal hasta mediados de diciembre de 2026.

Con esa vía administrativa bloqueada, los informes publicados el 21 de septiembre señalaron que los abogados de la Casa Blanca estaban preparando una orden ejecutiva que establecería directamente la revisión política de las subvenciones de los NIH. Una orden así evitaría el proceso normativo que había suscitado la resistencia del Congreso.

Por qué preocupa a los investigadores de los NIH

Los NIH reciben unos 48.000 millones de dólares al año y son la mayor fuente pública de financiación de la investigación biomédica del mundo. Más de cuatro quintas partes de su dinero se conceden mediante procesos competitivos a más de 300.000 investigadores que trabajan en 2.500 universidades, facultades de Medicina e instituciones de investigación de los 50 estados.

Las solicitudes normalmente pasan por varias etapas. Primero, secciones de estudio científico independientes examinan las propuestas y les asignan puntuaciones. Después, consejos asesores de los institutos revisan los resultados, antes de que los directores de los institutos tomen las decisiones finales de financiación. El acuerdo propuesto colocaría una segunda capa de escrutinio del poder ejecutivo a lo largo de esa secuencia.

A los investigadores les preocupa especialmente el posible uso de facultades ampliadas de cancelación. Un proyecto de laboratorio plurianual o un ensayo clínico podría concluirse sin pruebas de que los investigadores hubieran actuado indebidamente o de que el trabajo fuera científicamente deficiente. En el caso de estudios que requieren una amplia infraestructura clínica y muchos millones de dólares, una terminación inesperada podría perjudicar tanto a las instituciones como a los pacientes.

Organizaciones que representan a universidades, hospitales y sociedades científicas se han sumado a las críticas del Congreso. United for Cures, una coalición de investigación biomédica, afirmó que la intervención política podría desestabilizar la investigación médica en todo el país y pidió a los legisladores de ambos partidos que rechazaran la propuesta.

La Casa Blanca no había respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios, informó livepress.us.