The Wall Street Journal informó el sábado que el Gobierno de EE. UU. planea adquirir una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners, del empresario venezolano Alejandro Betancourt, según personas involucradas en las conversaciones, informó Reuters. Washington también planea derechos preferenciales para comprar al costo el 20% de la producción de la compañía. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono estructuraría la inversión mediante warrants de un centavo destinados a obtener participación accionaria sin un gran desembolso de efectivo.
El informe se publicó un día después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos había asegurado el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas mediante una asociación empresarial privada, aproximadamente una quinta parte del crudo de la nación de la OPEP. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, respondió: «La Oficina de Capital Estratégico (OSC) no adquiere participaciones accionarias en empresas privadas», y señaló que su función se limita a préstamos, garantías de préstamos o asistencia técnica. La Casa Blanca y la compañía no hicieron comentarios de inmediato. Un funcionario estadounidense dijo a CBS News que la presidenta interina Delcy Rodriguez otorgó a una empresa conjunta privada una concesión de 100 años sobre esos campos, con Washington controlando el 55% mediante participación accionaria y acuerdos de compra al costo.
Una participación pasiva en la compañía de Betancourt
El eje del artículo del sábado es corporativo, no un contrato de transporte de crudo. The Wall Street Journal, según reprodujo Reuters, informó que el Gobierno de EE. UU. pretende adquirir una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners, la empresa de Alejandro Betancourt, un empresario venezolano. Las fuentes eran personas involucradas en las conversaciones. Describieron la participación como pasiva. Según los datos proporcionados, esa palabra cumple una función real: Washington sería dueño de una gran porción minoritaria de la compañía sin ser descrito como el operador cotidiano de los pozos.
El 35% no es una posición simbólica. Tampoco es, por sí solo, una mayoría de North American Blue Energy Partners. Es un derecho de propiedad previsto lo bastante grande como para importar en cualquier sala de juntas, pero todavía inferior al control exclusivo del vehículo. Las fuentes del Journal no atribuyeron, en el artículo publicado, un precio en efectivo a esa participación. En su lugar, describieron una estructura.
Además de la participación accionaria, Washington quiere derechos preferenciales para comprar al costo el 20% de la producción de la compañía. Es un derecho de offtake, no un título sobre el petróleo que todavía está bajo tierra. Preferencial significa que Estados Unidos ocuparía el primer lugar, o al menos estaría por delante de los compradores ordinarios, para adquirir esa proporción de la producción. Al costo significa que el precio de compra seguiría los costos de producción de la compañía, en lugar de un indicador de mercado. En conjunto, una participación del 35% y una ventana de compra del 20% al costo darían a Estados Unidos tanto un derecho sobre el valor de la empresa como una vía privilegiada para obtener una quinta parte de lo que extraiga North American Blue Energy Partners.
Alejandro Betancourt aparece identificado como el empresario. No es citado. North American Blue Energy Partners aparece identificada como la compañía. No hizo comentarios de inmediato. Las conversaciones están descritas; la hoja de términos no se ha publicado. Esos silencios forman parte del registro del sábado, no son una autorización para inventar una declaración de ninguno de los presidentes.
Warrants de un centavo en el Pentágono
La oficina que estructuraría la inversión, según el mismo artículo del Journal, es la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. El instrumento serían los warrants de un centavo. El propósito de esos warrants, según lo describieron las personas involucradas en las conversaciones, es obtener participación accionaria sin un gran desembolso de efectivo.
Un warrant de un centavo es, en las finanzas ordinarias, un derecho a obtener acciones por un precio de ejercicio simbólico. Si se ejerce, puede convertir un pago diminuto en un gran derecho de propiedad. Ese diseño responde al problema político de incorporar al Gobierno de EE. UU. a la tabla de capitalización de una empresa privada sin una asignación presupuestaria pública del tamaño de una participación del 35% en una compañía energética. También se encuentra en el centro de la contradicción más marcada del fin de semana.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, respondió en términos categóricos: «La Oficina de Capital Estratégico (OSC) no adquiere participaciones accionarias en empresas privadas». Dijo que la función de la oficina se limita a préstamos, garantías de préstamos o asistencia técnica. Esos tres instrumentos son crédito y conocimiento especializado. No son, según su formulación, acciones. En las declaraciones citadas no mencionó por nombre los warrants de un centavo. No mencionó a Alejandro Betancourt. No mencionó a North American Blue Energy Partners. Definió un ámbito, y ese ámbito no incluye participaciones accionarias en empresas privadas.
Si los warrants de un centavo producen participación accionaria, caen del lado prohibido de la línea trazada por Parnell. Si alguien dentro del edificio pretende tratarlos como un componente adicional de un préstamo o una garantía de préstamo, ese argumento no figura en el registro público. The Wall Street Journal publicó la estructura. Reuters la difundió. Sean Parnell negó la premisa de la participación accionaria. La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato. La compañía tampoco. Por tanto, el sábado contiene un plan y una negación, no una reconciliación.
La afirmación de mayoría de Trump, un día antes
El informe del Journal no apareció en el vacío. Se publicó un día después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos había asegurado el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas mediante una asociación empresarial privada. Presentó ese volumen como aproximadamente una quinta parte del crudo de la nación de la OPEP.
Esas cifras establecen la escala. Más de 65.000 millones de barriles es una cifra de reservas, no una descripción de la producción diaria de North American Blue Energy Partners. Las reservas probadas son barriles registrados como recuperables. Venezuela aparece identificada como un país de la OPEP; aproximadamente una quinta parte de su crudo, según el presidente, quedaría bajo el control mayoritario de Estados Unidos. El método que mencionó fue una asociación empresarial privada, no una ley publicada íntegramente el sábado ni el texto de un tratado público incluido en los materiales disponibles.
El control mayoritario es una afirmación más fuerte que una participación pasiva del 35%. El treinta y cinco por ciento de una compañía es una gran minoría. La mayoría es más de la mitad. Las dos expresiones no deben fusionarse. Pertenecen a distintos oradores y a distintos instrumentos, aunque aparecieron en días consecutivos y se refieren al mismo recurso.
Sin embargo, una asociación empresarial privada coincide con el objetivo corporativo del Journal. Alejandro Betancourt es un empresario venezolano. North American Blue Energy Partners es una compañía privada. El Gobierno de EE. UU., si las conversaciones prosperan, se convertiría en propietario pasivo del 35% y en comprador preferencial del 20% de la producción al costo. Esa es una manera de interpretar una asociación. No es, basándose únicamente en los porcentajes del Journal, una manera de interpretar la mayoría.
La concesión de 100 años y el 55%
CBS News aportó una tercera referencia. Un funcionario estadounidense dijo a la cadena que la presidenta interina Delcy Rodriguez otorgó a una empresa conjunta privada una concesión de 100 años sobre esos campos —los campos vinculados a la afirmación sobre las reservas—, con Washington controlando el 55% mediante participación accionaria y acuerdos de compra al costo.
Ese relato identifica a una persona con poder de decisión en Venezuela. Delcy Rodriguez es descrita como presidenta interina. La concesión es de 100 años, una duración extraordinaria incluso en una industria acostumbrada a licencias de varias décadas. El beneficiario es una empresa conjunta privada. La participación estadounidense es del 55%, compuesta por dos instrumentos que también aparecen en el artículo del Journal: participación accionaria y acuerdos de compra al costo. El objeto son esos campos, los que se encuentran detrás de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas.
El 55% es una mayoría. Está más cerca del lenguaje de control mayoritario del presidente Trump que de la participación pasiva del 35% en la compañía de Betancourt. El offtake al costo es la idea comercial recurrente: en la versión del Journal, derechos preferenciales sobre el 20% de la producción de la compañía; en la versión de CBS News, parte de un paquete de control del 55%. Los hechos públicos no incluyen regalías, condiciones tributarias, la fecha de inicio del plazo de un siglo ni una lista completa de los socios de la empresa conjunta. Sí incluyen al otorgante, la duración, el porcentaje estadounidense y el mecanismo.
El lector no tiene derecho a inventar una ceremonia de firma que las fuentes no describieron. Rodriguez no es citada. El funcionario estadounidense no es identificado. Betancourt no aparece expresamente como firmante de la concesión de 100 años. Lo que el registro del fin de semana sí sitúa es a su compañía en el centro de la estructura de inversión estadounidense y a Rodriguez en el centro de la concesión venezolana, mientras el presidente Trump describe el resultado como control mayoritario obtenido mediante una asociación empresarial privada.
Tres porcentajes, un recurso
Vale la pena colocar las cifras una junto a otra sin obligarlas a coincidir.
De The Wall Street Journal, a través de Reuters, citando a personas involucradas en las conversaciones: una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners; derechos preferenciales sobre el 20% de la producción de esa compañía al costo; warrants de un centavo mediante la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, destinados a obtener participación accionaria sin un gran desembolso de efectivo.
Del presidente Donald Trump, un día antes de ese informe: control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas; una asociación empresarial privada; aproximadamente una quinta parte del crudo de una nación de la OPEP.
De un funcionario estadounidense a CBS News: una concesión de 100 años otorgada por la presidenta interina Delcy Rodriguez a una empresa conjunta privada; Washington controlando el 55% mediante participación accionaria y acuerdos de compra al costo.
El al costo se repite. La participación accionaria se repite. Lo privado se repite: la compañía de un empresario, una asociación empresarial privada, una empresa conjunta privada. Venezuela es la titular del recurso. Estados Unidos es el reclamante. El Pentágono es el financiador en disputa. La OPEP es el club al que pertenece Venezuela, y aproximadamente una quinta parte del crudo de ese miembro es la fracción que el presidente vinculó con la reclamación estadounidense.
El sábado no proporciona una hoja de términos firmada. No proporciona comentarios de Betancourt, de la Casa Blanca ni de North American Blue Energy Partners. No proporciona una explicación de Sean Parnell sobre cómo los warrants de un centavo que generan participación accionaria serían compatibles con la prohibición de adquirir participaciones accionarias en empresas privadas. Su frase es categórica. La descripción de las fuentes es específica. Ambas constan ahora en el registro y no coinciden.
No aparece en el expediente ningún precio en dólares para la participación del 35%, lo que es coherente con un diseño destinado a evitar un gran desembolso de efectivo. No se nombra a ninguna otra persona aparte de Alejandro Betancourt, el presidente Donald Trump, Sean Parnell, la presidenta interina Delcy Rodriguez, las personas involucradas en las conversaciones no identificadas y el funcionario estadounidense no identificado. No hay otro porcentaje en este registro. Los medios que figuran son The Wall Street Journal, Reuters y CBS News. Las instituciones son el Gobierno de EE. UU., Washington, el Pentágono, la Oficina de Capital Estratégico, la Casa Blanca y la OPEP.
Lo que el Pentágono dice que hace —y que no hace
La refutación de Sean Parnell es la única cita directa del registro del sábado, y merece reproducirse íntegramente porque es breve. «La Oficina de Capital Estratégico (OSC) no adquiere participaciones accionarias en empresas privadas». El paréntesis OSC es suyo. La prohibición es suya. El mandato alternativo también: préstamos, garantías de préstamos o asistencia técnica.
Esa lista importa. Un préstamo entrega capital y espera recuperarlo, con intereses. Una garantía de préstamo respalda con el crédito del Gobierno el endeudamiento de otra persona. La asistencia técnica aporta conocimientos especializados, no acciones, a un proyecto. Ninguno de esos tres instrumentos, tal como se entiende normalmente, equivale a una participación del 35% en North American Blue Energy Partners. Ninguno es un warrant de un centavo cuyo objetivo sea obtener participación accionaria.
Las fuentes del Journal, las personas involucradas en las conversaciones, dijeron que la Oficina de Capital Estratégico estructuraría la inversión. Estructurar no es lo mismo que poseer, y una lectura cuidadosa deja un margen estrecho: en teoría, la oficina podría organizar los documentos para que otro vehículo estadounidense fuera el titular. El artículo publicado no describe ese otro vehículo. Describe a la OSC, los warrants de un centavo y la participación accionaria sin un gran desembolso de efectivo. Parnell describe una oficina que no adquiere participaciones accionarias en empresas privadas. El choque está en la página.
El silencio de la Casa Blanca se suma a ese choque. El presidente Trump ya había afirmado el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles. Un día después, la participación pasiva del 35% prevista por el Gobierno apareció en las páginas del Journal y el Pentágono negaba la participación accionaria. Un comentario de la Casa Blanca podría haber puesto esas declaraciones en contexto. No llegó de inmediato. Un comentario de la compañía podría haber confirmado o negado que North American Blue Energy Partners, de Alejandro Betancourt, estuviera involucrada en conversaciones de ese tipo. Tampoco llegó de inmediato.
Rodriguez, los campos y un siglo
La vertiente de CBS News es la que ubica el petróleo en el marco jurídico venezolano. La presidenta interina Delcy Rodriguez, dijo un funcionario estadounidense, otorgó la concesión de 100 años sobre esos campos a una empresa conjunta privada. Washington controlaría el 55% de esa empresa mediante participación accionaria y acuerdos de compra al costo.
Interina es el título que utiliza el informe. No es un sinónimo inventado para dar color; es la descripción asociada a Rodriguez en el relato de CBS News. La duración de la concesión —100 años— es el otro hecho concreto. Un siglo de derechos sobre campos que contienen más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas constituye el marco jurídico de la afirmación presidencial de control mayoritario y del 55% mencionado por el funcionario.
Esos campos son el puente. El artículo del Journal trata sobre una compañía. Las declaraciones de Trump tratan sobre reservas. El funcionario citado por CBS News habla de una concesión sobre esos campos. Leído en ese orden, North American Blue Energy Partners es el vehículo privado, los más de 65.000 millones de barriles son el inventario subterráneo y la concesión de 100 años es la autorización venezolana que permitiría a una empresa conjunta privada operar sobre ese inventario mientras Washington posee el 55%.
No se especifica si la empresa de Betancourt es esa empresa conjunta, si es uno de sus socios o si se trata de una estructura paralela. Inventar el organigrama faltante sería añadir un hecho nuevo. Señalar la coincidencia no lo es. Lo privado, lo venezolano, la participación accionaria estadounidense, el offtake al costo y la misma base de reservas aparecen en más de un canal de la cobertura del mismo fin de semana.
La OPEP sigue siendo el marco internacional. Venezuela es la nación de la OPEP en la formulación del presidente. Aproximadamente una quinta parte de su crudo es la proporción que vinculó con la posición estadounidense. Los informes no dicen que Estados Unidos se esté incorporando a la OPEP, fijando cuotas o sustituyendo a funcionarios venezolanos en el cártel. Dicen que Estados Unidos reclama el control mayoritario de un enorme bloque de reservas probadas mediante una asociación empresarial privada, y que Washington está preparando, según la versión del Journal, una participación pasiva del 35% y un derecho de compra al costo del 20% dentro de la compañía de Alejandro Betancourt.
Lo que el sábado confirma y lo que deja abierto
Un relato extenso que utilice todos los hechos disponibles aún debe marcar las costuras.
Confirmado como informado por The Wall Street Journal el sábado y difundido por Reuters: el Gobierno de EE. UU. planea una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners, de Alejandro Betancourt; las fuentes son personas involucradas en las conversaciones; Washington también planea derechos preferenciales para comprar al costo el 20% de la producción de la compañía; la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono estructuraría la inversión mediante warrants de un centavo destinados a obtener participación accionaria sin un gran desembolso de efectivo.
Confirmado como dicho por el presidente un día antes: Estados Unidos había asegurado el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas mediante una asociación empresarial privada, aproximadamente una quinta parte del crudo de la nación de la OPEP.
Confirmado como dicho por el Pentágono: el portavoz Sean Parnell declaró que «La Oficina de Capital Estratégico (OSC) no adquiere participaciones accionarias en empresas privadas» y que su función se limita a préstamos, garantías de préstamos o asistencia técnica.
Confirmado como no dicho, de inmediato: la Casa Blanca y la compañía no ofrecieron comentarios.
Confirmado como dicho por un funcionario estadounidense a CBS News: la presidenta interina Delcy Rodriguez otorgó a una empresa conjunta privada una concesión de 100 años sobre esos campos, con Washington controlando el 55% mediante participación accionaria y acuerdos de compra al costo.
Abierto, a partir de esas declaraciones: si la Oficina de Capital Estratégico está a punto de poseer participación accionaria en una compañía energética privada. Si Parnell tiene razón sobre el ámbito de la oficina, la estructura del 35% no puede canalizarse a través de la OSC como una participación accionaria, a menos que los warrants de un centavo sean reinterpretados como otra cosa. Si las fuentes del Journal tienen razón sobre las conversaciones, se le está pidiendo a la oficina que haga algo que su portavoz dice que no hace.
También queda abierto cómo una participación pasiva del 35%, un 20% de compra al costo, una posición del 55% en una empresa conjunta y el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles caben en una sola tabla de capitalización. Pueden describir capas de la misma asociación empresarial privada. Pueden describir propuestas superpuestas. Pueden describir porcentajes distintos vinculados a objetos jurídicos diferentes: la compañía, la empresa conjunta y los campos. El registro del sábado no elige. Los informa todos.
Lo que sí deja claro es la dirección del movimiento. Según estas informaciones, Estados Unidos busca una posición profunda en el petróleo venezolano a través de North American Blue Energy Partners, de Alejandro Betancourt, y mediante una asociación privada o una empresa conjunta que, según un funcionario estadounidense, Delcy Rodriguez autorizó por un siglo, mientras el Pentágono insiste públicamente en que su Oficina de Capital Estratégico concede préstamos, no compra acciones, y la Casa Blanca y la compañía guardan silencio.
Esa es la historia que The Wall Street Journal publicó el sábado, que Reuters difundió a partir de personas involucradas en las conversaciones, que CBS News complementó con la concesión de 100 años y la cifra del 55%, que Sean Parnell contradijo en el punto de la participación accionaria y que el presidente Donald Trump ya había presentado, un día antes, como control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles —aproximadamente una quinta parte del crudo de un miembro de la OPEP.